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14 de Junio 2017 - Ahuacatlán, Puebla México.

Un total de 45.2 por ciento del territorio indígena náhuatl de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y norte de Veracruz se ve impactada por la llegada de proyectos de extracción o exploración de hidrocarburos, de acuerdo al informe: “Las actividades extractivas en México, estado actual 2016”, que detalla las afectaciones ambientales, a la salud, así como en la cultura e identidad de diversos grupos étnicos.

 

Elaborado por Fundar -Centro de Análisis e Investigación, A.C., coordinado por Aroa de la Fuente López y Beatriz Olivera Villa, en la sección de impactos sociales, establece que El Plan Quinquenal no ha sido estático: en dos años reagrupó las áreas de licitación de hidrocarburos hasta reducir su número en una tercera parte, mientras que la superficie total la aumentó en un 45 por ciento.

 

“El Plan Quinquenal no habla sobre los posibles impactos ambientales, al territorio o a su población, por lo que resulta útil explorar en este artículo, aunque sea brevemente, la dimensión social de los impactos que podrán ocurrir en un futuro próximo en aquellos territorios directamente relacionados con estos proyectos”, describe el informe.

 

Para caracterizar la dimensión social de este plan, solo se tomarán las áreas por ser licitadas en la superficie terrestre, sin por ello negar los graves impactos que la exploración y extracción en aguas someras y profundas tienen sobre la pesca y los ecosistemas marinos. Las áreas terrestres se distribuyen a lo largo y ancho de once entidades, donde Puebla ocupa la novena posición.

 

El 14.3 por ciento de la superficie terrestre que la Secretaría de Energía (Sener) contempla adjudicar para la exploración y extracción de hidrocarburos corresponde a regiones dentro de los territorios de pueblos indígenas del país. Los pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de sus territorios.

 

Este no es un tema menor dado que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a alimentos saludables, y hasta su identidad cultural y su supervivencia en el caso de los pueblos indígenas y campesinos.

 

Afectaciones que también llegan a la sociedad en general, a través de la contaminación de fuentes de agua, de zonas de producción de alimentos y de la atmósfera, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y el daño de los ecosistemas y los territorios, por poner algunos ejemplos.

 

Esta situación se agrava aún más con el impulso de tecnologías altamente dañinas, como la fractura hidráulica y la minería a cielo abierto, así como ante el alarmante aumento de la temperatura del planeta, cuyos efectos se están ya sufriendo en México, con la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías y escasez de agua, desplazamiento de poblaciones e, incluso, pérdida de vidas humanas.

 

La contribución de la actividad de extracción de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases que generan el calentamiento global, así como los daños que generan sobre los territorios y poblaciones disminuyendo sus posibilidades de enfrentar los efectos del mismo, agravan esta problemática y hacen aún más urgente tomar medidas que limiten estas afectaciones. En este sentido, el Acuerdo de París y las políticas surgidas del mismo representan una oportunidad para que México encare esta tarea.

 

Ante estos efectos perjudiciales y dada la falta de espacios de participación efectiva en la toma de decisiones sobre las políticas y proyectos extractivos que, en muchos casos, son impuestos en los territorios con una normativa favorable para ello, se genera una fuerte conflictividad. Aunque actualmente no existe una fuente de información que permita conocer con exactitud los conflictos generados por estas actividades, a 2016 se han llegado a sistematizar hasta 37 casos relacionados con la minería y, al menos, 11 con los hidrocarburos.

 

Mientras que, ante la exigencia legítima de los derechos por parte de las comunidades y poblaciones del país, la respuesta del Estado y de diversas empresas consiste en acciones de hostigamiento, deslegitimación, criminalización e incluso asesinatos. Entre 2010 y 2016 se han identificado 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio, entre los que destacan los relacionados con proyectos mineros, señala el informe, en poder de este reportero.

 

 

Ke Buena Serenata 2017